En respaldo a la iniciativa presentada por la Gobernadora, Ing. Rocío Nahle García, en Sesión Extraordinaria de Cabildo encabezada por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, se aprobó la liquidación anticipada voluntaria de las emisiones bursátiles VRZCB 08 y VRZCB08U por parte del Gobierno del Estado.

Ante el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, la Presidenta Municipal explicó que con ello se busca sanear la hacienda municipal que desde 2008 quedó comprometida a partir de la deuda bursátil de más de mil 200 millones de pesos que contrajeron 199 ayuntamientos a instancias del entonces Gobierno del Estado.

Recordó que a cambio de comprometer el 20 por ciento de las participaciones federales, se les ofreció recibir dinero fresco para obras de infraestructura, lo que al final no ocurrió, como tampoco se recibieron rendimientos por la inversión realizada en la Bolsa de Valores, lo que representó un desfalco.

En el caso de Xalapa, dijo, se ha pagado más del doble de lo que se le entregó, por lo que hoy es el segundo o tercer Ayuntamiento más endeudado de la entidad, y de no reestructurar esta deuda, al año 2036, que es cuando vence la emisión bursátil, se habría pagado cuatro veces el monto otorgado, en un esquema claramente leonino y doloso, en perjuicio de miles de ciudadanos, ya que se ha dejado de invertir dinero en obras y necesidades de la población.

Now, dijo, con el respaldo de la titular del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir de un programa de saneamiento financiero, la deuda bursátil y otros créditos fiscales heredados se podrían cancelar si, como Xalapa, los otros 198 ayuntamientos que participaron en la bursatilización se suman a la iniciativa de rescate financiero.

Detalló que la propuesta del Gobierno del Estado es absorber el 75 por ciento del pasivo y que ahora los ayuntamientos paguen lo correspondiente a las emisiones a la autoridad estatal con tasas de interés menores y en menos tiempo, pues se estarían pagando 50 millones de pesos menos y en 2030 o antes quedaría saldada la deuda, además de que se dejaría sin deuda pública a la Administración.

En este sentido, agradeció el compromiso de los integrantes del Cabildo con Xalapa y su voluntad para contribuir a sanear las finanzas municipales para aplicar más recursos en obra pública.

A la brevedad se entregará el Acta de Cabildo con los acuerdos aprobados al Gobierno y Congreso del Estado, pero desde ahora el cuerpo edilicio de Xalapa demuestra que es un órgano plural, democrático y que tiene el compromiso de transparentar la aplicación de los recursos públicos y sanear las finanzas municipales.

El Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, también reconoció la responsabilidad y sensibilidad del Cabildo, pues la bursatilización generó situaciones financieras adversas y que hoy se sigan pagando los intereses asociados a esta deuda.

A esta sesión asistieron la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz, y la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda González.

También, la Regidora Sexta, Lic. Hilda Elvia Aguilar Arroyo; el Regidor Séptimo, Lic. Diego Moreno Martínez; la Regidora Octava, Lic. Clarissa Monserrat López Morales; el Regidor Noveno, Lic. Joaquín Alejandro Cano Hernández; la Regidora Décima, Dra. Mónica Mendoza Madrigal; el Regidor Décimo Primero, Lic. Dalos Ulises Rodríguez Vargas; la Regidora Décima Segunda, Dra. Flor de María Mendoza Muñiz, y la Regidora Décima Tercera, Lic. Priscila Nataly Labastida Vega.

Con este mecanismo de liquidación anticipada de las emisiones bursátiles, se reestructurarán las condiciones de pago de las emisiones, bajo mejores condiciones financieras para el Ayuntamiento, previa autorización del Congreso del Estado.

Derivado del procedimiento, los ahorros, beneficios y recursos liberados o recuperados serán transparentados y destinados exclusivamente a obra pública, inversión pública productiva o fines expresamente autorizados en el instrumento jurídico correspondiente y en la normativa aplicable.

En tanto que no se podrán destinar a gasto corriente cuando ello contravenga las disposiciones constitucionales, legales o contractuales aplicables.

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