El Estado no puede convertir un derecho acreditado en una carga administrativa, aseguró la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Tania María Cruz Mejía, al presentar una iniciativa para eliminar trámites innecesarios que actualmente pueden obligar a las personas con una discapacidad de carácter permanente a demostrar repetidamente una condición que ya fue certificada por una institución pública de salud.
Desde tribuna, la legisladora planteó adicionar un último párrafo al Artículo 14 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz, con el propósito de establecer que las constancias o certificados expedidos por la Secretaría de Salud o por instituciones públicas del Sistema Estatal de Salud cuando acrediten expresamente una discapacidad permanente, tengan vigencia indefinida para los trámites ante las dependencias y entidades de la administración pública estatal y las autoridades municipales.
La propuesta, explicó, parte de una realidad concreta: si una institución pública de salud ya determinó que una discapacidad es permanente, no resulta razonable imponer a la persona la obligación de someterse periódicamente a nuevas valoraciones médicas únicamente para volver a demostrar lo que ya fue acreditado.
Señaló que la renovación periódica de documentos puede representar citas médicas, traslados, recopilación de documentos, tiempo y gastos que afectan de manera particular a quienes viven en zonas rurales o requieren apoyo para su movilidad y actividades cotidianas.
“Facilitar un trámite es facilitar también un derecho; eliminar una barrera administrativa también es construir inclusión”, sostuvo.
La legisladora aclaró que la iniciativa no establece que toda discapacidad sea permanente. La determinación continuará correspondiendo al personal médico competente, conforme a los procedimientos clínicos y las normas aplicables.
La propuesta afirmó no elimina las valoraciones médicas. La iniciativa tampoco pretende impedir una nueva valoración cuando exista una razón clínica o cuando la propia persona considere que su condición ha cambiado.
Puntualizó que lo que se busca eliminar, explicó la diputada, es la renovación periódica obligatoria cuyo único propósito sea volver a acreditar una discapacidad que ya fue determinada como permanente.
“Una persona cuya discapacidad permanente ya fue determinada por el personal de salud competente no debería tener que someterse periódicamente a una nueva valoración médica únicamente para volver a demostrar una condición que ya fue acreditada”, sostuvo.
Precisó que la iniciativa busca resolver específicamente esta problemática en los trámites que corresponden a las autoridades estatales y municipales de Veracruz.
“No se trata de otorgar un privilegio. Se trata de evitar que una persona tenga que demostrar una y otra vez una condición que una institución pública ya determinó como permanente”, afirmó Cruz Mejía.
Finalmente, la diputada refirió que una sociedad verdaderamente incluyente no es aquella que obliga a las personas a adaptarse constantemente a las cargas burocráticas, sino aquella donde las instituciones se transforman y eliminan las barreras innecesarias.
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